En los últimos cinco años han desfilado por Palacio de Gobierno 6 presidentes, cada uno peor que el otro e involucrados directamente en casos de corrupción, tráfico de influencias, etc. Las vacancias y disoluciones del Congreso de la República resultan mínimos ataques al núcleo del miserable sistema político y cúpula que dirige al país. Jueces y fiscales blindando a los actores principales de mafias a cambio de favores políticos, enriquecimiento ilícito e impunidad es el pan de cada día.
La actual presidenta, Dina Boluarte, quien asumió el cargo de Pedro Castillo; elegido presidente en las últimas elecciones, pero actualmente cumple una condena por presuntamente liderar una organización criminal, lleva sobre sus hombros el peso de más de 50 muertos por uso excesivo de la fuerza durante las represiones en las protestas en varios puntos del país. Ella, junto al primer ministro Alberto Otárola, son sólo los últimos responsables de estas violentas ejecuciones, muchas de ellas a causa de disparos a quemarropa con armas de fuego a ciudadanos peruanos. Hasta la fecha no hay responsables pagando por estos crímenes ni el de los gobiernos anteriores.
Mientras tantos en las calles no se respira un mínimo de paz, sino rechazo a estas corruptas y traidoras autoridades, pero sobre todo sed de justicia para las víctimas y sus familiares.